A pesar del duro golpe político, la Casa Blanca aplicó un “waiver” o exención por interés nacional, lo que en la práctica evita sanciones inmediatas y permite que la cooperación militar y la asistencia económica, valorada en cientos de millones de dólares, continúe.

El embajador de EE. UU. en Bogotá, John McNamara, calificó la relación bilateral de “delicada” y detalló tres condiciones para revertir la medida: una reducción “urgente y decisiva” de los cultivos ilícitos, un incremento en las incautaciones y el restablecimiento de las extradiciones de narcotraficantes sin suspensiones. La reacción del presidente Petro fue enérgica, calificando la decisión de “política” y afirmando que “a los que hay que descertificar es al gobierno de los Estados Unidos” por su incapacidad para frenar el consumo de drogas. Petro además anunció que Colombia dejaría de depender del armamento estadounidense, declarando: “No más limosnas ni regalos”.