Las implicaciones son enormes: si los aranceles se declaran ilegales, el gobierno podría verse obligado a reembolsar hasta 1.000 millones de dólares a las empresas importadoras, lo que representaría un golpe fiscal considerable. Esta batalla legal es una prueba fundamental de la separación de poderes y de los límites de la autoridad presidencial en materia de política económica y exterior, poniendo en juego una de las herramientas más características de la presidencia de Trump.