Esta postura ha generado un choque diplomático con Brasil, con Washington amenazando con responder a la decisión judicial.

La Corte Suprema de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por su papel en un intento de golpe de Estado, lo que provocó una respuesta inmediata y contundente de la administración Trump. Un comunicado del gobierno estadounidense calificó la condena como una “persecución (...) por motivos políticos” y un ejemplo de “graves abusos de los derechos humanos” que han “socavado el Estado de derecho en Brasil”. La declaración advirtió que Estados Unidos respondería a lo que considera un fallo injusto, elevando la tensión diplomática entre ambas naciones.

Esta intervención directa en el proceso judicial de Brasil refleja el fuerte respaldo de la administración Trump a líderes populistas de derecha en la región y su disposición a desafiar la soberanía de los sistemas legales de otros países cuando estos entran en conflicto con sus alianzas políticas. Por su parte, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha respondido afirmando que “no se dejará intimidar por las amenazas de Washington”, sentando las bases para una relación bilateral potencialmente conflictiva.