Estas operaciones han generado temor en las comunidades de inmigrantes y han provocado debates sobre su impacto económico y humanitario. Los operativos se han extendido a lugares de trabajo y áreas urbanas en estados como Georgia, donde cientos de trabajadores, en su mayoría surcoreanos, fueron detenidos en una planta de baterías de Hyundai-LG. En Texas, propietarios de negocios y restaurantes han alertado sobre una disminución en las ventas y la mano de obra disponible como consecuencia directa de las redadas. La situación se ha replicado en Chicago y Boston, donde la administración ha lanzado la operación “Patriot 2.0” para deportar inmigrantes con antecedentes penales, apuntando directamente a las llamadas “ciudades santuario”. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó que se puede “esperar acción en la mayoría de las ciudades santuario”, calificándolas de “áreas problemáticas”. Estas acciones se han visto respaldadas por una decisión de la Corte Suprema, que levantó una suspensión que impedía a ICE realizar detenciones en Los Ángeles basándose únicamente en factores como el idioma, el acento o la apariencia étnica de una persona. Esta escalada en la fiscalización migratoria ha creado un clima de miedo que, según reportes, ha afectado incluso la celebración de festividades como el Día de la Independencia de México en algunas comunidades.