Esta acción, justificada como una operación antinarcóticos, ha sido calificada por Caracas como una “provocación directa” y una amenaza de intervención militar. El despliegue estadounidense incluye destructores, submarinos, diez aviones de combate F-35 en Puerto Rico y miles de efectivos, marcando una de las mayores movilizaciones en la región en décadas. La tensión escaló tras un “ataque letal” estadounidense contra una lancha que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela y estaba tripulada por miembros del Tren de Aragua, resultando en 11 muertes.

Adicionalmente, Venezuela denunció que el destructor USS Jason Dunham abordó “ilegal y hostilmente” a un pesquero venezolano en su zona económica exclusiva.

La justificación de Washington se centra en la lucha contra el narcotráfico, acusando a Maduro de liderar el “Cartel de los Soles” y ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. El congresista Mario Díaz-Balart reflejó la postura dura de Washington al afirmar que a Maduro le quedan tres opciones: “que se largue ya; (…) acabar como Noriega [en] una cárcel norteamericana; (…) o acabar como Soleimani, que básicamente es acabar en polvo en una bolsa plástica”. En respuesta, Maduro ha calificado la operación de “asedio”, ha ordenado el despliegue de sus propias fuerzas armadas y ha llamado a las bases del chavismo a prepararse para una posible “lucha armada”.