En sus encuentros, argumentaron que un recorte en la ayuda afectaría la capacidad de la fuerza pública para combatir el crimen organizado y perjudicaría la economía. El congresista Gregory Meeks envió una carta al presidente Trump, advirtiéndole que descertificar a Colombia “pondría en peligro la seguridad nacional” de Estados Unidos al fortalecer a las organizaciones criminales. La situación se enmarca en un contexto de relaciones tensas entre los presidentes Trump y Gustavo Petro, cuyas posturas divergentes, especialmente sobre la situación en Venezuela, podrían influir en la decisión final, que el gobierno colombiano admite que es de carácter político.
Incertidumbre sobre la certificación de Colombia en la lucha antidrogas
La inminente decisión de la administración Trump sobre si certificará a Colombia en la lucha antinarcóticos ha generado una alta tensión bilateral y ha movilizado a líderes locales colombianos para evitar consecuencias negativas para el país. Antes del 15 de septiembre, Estados Unidos debe decidir si mantiene la certificación a Colombia, un mecanismo que evalúa la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. El país se encuentra en riesgo de ser descertificado debido al notable incremento en los cultivos de hoja de coca en los últimos años, lo que ha generado dudas en Washington sobre la efectividad de las estrategias actuales. Una descertificación podría acarrear graves consecuencias, como la suspensión de hasta el 50% de la ayuda económica y militar, que asciende a unos 450 millones de dólares, y posibles restricciones de acceso a créditos de organismos internacionales. Ante esta amenaza, los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, viajaron a Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y congresistas demócratas y republicanos.



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Kevin Rudd adelantará su salida de Washington y regresará a la Asia Society luego de tensiones públicas con el presidente estadounidense.

El pronunciamiento recuerda excarcelaciones recientes en Venezuela y Nicaragua y señala que la isla sigue sin adoptar medidas similares.

El activista aseguró que los adolescentes fueron aprehendidos por policías municipales, imputados por delitos graves y recluidos en malas condiciones.

La ONG Iran Human Rights alertó además que algunos de los 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.






