El presidente Donald Trump continúa utilizando la política arancelaria y las sanciones como herramientas centrales de su estrategia económica y de política exterior, condicionando acciones contra Rusia y presionando a aliados y rivales por igual. En una reciente declaración, Trump afirmó estar “listo para imponer importantes sanciones a Rusia” por su invasión a Ucrania, pero supedita esta acción a que todos los países de la OTAN dejen de comprar petróleo a Moscú. En la misma línea, instó a los aliados de la OTAN a imponer “aranceles del 50 % al 100 % a China”, argumentando que esto rompería el “fuerte control” que Pekín ejerce sobre Rusia. Esta estrategia de presión se extiende a India, a quien también solicitó que la Unión Europea imponga aranceles del 100% por continuar adquiriendo crudo ruso.
En el ámbito comercial, una nueva orden ejecutiva modificó el esquema de aranceles recíprocos, abriendo la posibilidad de reducir a cero los gravámenes para productos de socios comerciales como Colombia, incluyendo café, flores y banano. Sin embargo, esta exención no es automática y dependerá de negociaciones que satisfagan los intereses de Estados Unidos en áreas como seguridad y control de ilícitos. Mientras tanto, la política arancelaria de Trump enfrenta un escrutinio legal interno, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado examinar la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente.
Un fallo en su contra podría obligar al gobierno a devolver hasta 1.000 millones de dólares a las empresas importadoras.
En resumenLa administración Trump emplea una política comercial agresiva y transaccional, utilizando aranceles y sanciones como palanca para influir en las acciones de otras naciones, desde Rusia y China hasta sus propios aliados de la OTAN. Esta estrategia, aunque potencialmente beneficiosa para algunos socios comerciales como Colombia, enfrenta importantes desafíos legales en la Corte Suprema que podrían tener consecuencias económicas significativas.