El gobierno venezolano ha denunciado este acto como un “asesinato” y ha negado los vínculos de las víctimas con el crimen organizado. Adicionalmente, Caracas denunció que el destructor estadounidense USS Jason Dunham abordó de manera “ilegal y hostil” el barco pesquero venezolano ‘Carmen Rosa’ en su Zona Económica Exclusiva, reteniéndolo por ocho horas. En respuesta a lo que califica como un “asedio”, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado el despliegue de miles de efectivos militares en sus fronteras y costas, y ha hecho un llamado a la Milicia Bolivariana a prepararse para la “lucha armada”. La retórica se ha endurecido con funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio preparando acciones militares y el recién posesionado secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmando que Maduro tiene “muchas decisiones que tomar”. Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el “Cartel de los Soles”.
Escalada de tensiones militares y diplomáticas con Venezuela
Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han escalado significativamente tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe y una serie de incidentes navales que han elevado el riesgo de un conflicto directo. La administración Trump ha desplegado una considerable fuerza naval en el Caribe sur, que incluye ocho buques de guerra equipados con misiles, un submarino de propulsión nuclear y diez aviones de combate F-35, bajo el argumento de realizar operaciones contra el narcotráfico internacional. Esta movilización provocó un enfrentamiento letal cuando fuerzas estadounidenses atacaron una lancha que, según Washington, transportaba a 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua desde Venezuela, resultando en la muerte de todos sus tripulantes.



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Kevin Rudd adelantará su salida de Washington y regresará a la Asia Society luego de tensiones públicas con el presidente estadounidense.

El pronunciamiento recuerda excarcelaciones recientes en Venezuela y Nicaragua y señala que la isla sigue sin adoptar medidas similares.

El activista aseguró que los adolescentes fueron aprehendidos por policías municipales, imputados por delitos graves y recluidos en malas condiciones.

La ONG Iran Human Rights alertó además que algunos de los 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.






