Operativos similares se han reportado o anticipado en “ciudades santuario” como Chicago, Los Ángeles y Boston.

Paralelamente, la administración se prepara para presentar en la Asamblea General de la ONU una propuesta que busca reformar las normas internacionales de asilo. Según documentos internos, el plan pretende que los solicitantes pidan protección únicamente en el primer país al que ingresen y que el estatus de asilo sea temporal, sujeto a revocación si las condiciones en su país de origen se consideran seguras.

Estas políticas han enfrentado resistencia.

Un juez federal en San Francisco bloqueó la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos, argumentando que la medida excedía su autoridad legal. A pesar de estos reveses judiciales, la Casa Blanca mantiene una postura de “mano dura”, como lo demuestra la reanudación de redadas en Los Ángeles tras un fallo favorable de la Corte Suprema.