Administración Trump intensifica políticas migratorias con redadas masivas y fin de protecciones humanitarias
El gobierno de Donald Trump ha endurecido drásticamente su política migratoria, ejecutando redadas a gran escala en lugares de trabajo y tomando medidas para eliminar programas de protección humanitaria para inmigrantes. Una de las acciones más notables fue la redada en una planta de baterías de Hyundai y LG en Ellabell, Georgia, descrita como la mayor en un solo sitio en la historia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el operativo fueron detenidos 475 trabajadores, de los cuales más de 300 eran ciudadanos surcoreanos, lo que provocó una enérgica reacción diplomática de Seúl. El gobierno de Corea del Sur expresó su "profunda preocupación" y negoció la liberación y repatriación de sus ciudadanos. Se llevaron a cabo redadas simultáneas en otras ciudades, como Chicago y Nueva York, generando un clima de temor en las comunidades inmigrantes y la condena de autoridades locales demócratas. Paralelamente, la administración Trump intentó poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de personas de Haití y Venezuela. Sin embargo, un juez federal en San Francisco bloqueó temporalmente la medida, dictaminando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad. La decisión representa un alivio para cientos de miles de venezolanos que enfrentaban la expiración de su estatus. Estas acciones se enmarcan en la promesa de Trump de llevar a cabo una campaña de deportación masiva sin precedentes.



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Kevin Rudd adelantará su salida de Washington y regresará a la Asia Society luego de tensiones públicas con el presidente estadounidense.

El pronunciamiento recuerda excarcelaciones recientes en Venezuela y Nicaragua y señala que la isla sigue sin adoptar medidas similares.

El activista aseguró que los adolescentes fueron aprehendidos por policías municipales, imputados por delitos graves y recluidos en malas condiciones.

La ONG Iran Human Rights alertó además que algunos de los 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.






