El presidente Donald Trump ha utilizado el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país y ha amenazado con hacerlo en otras ciudades demócratas como Chicago, generando una fuerte controversia sobre la militarización de la seguridad interna. Esta estrategia ha provocado batallas legales y acusaciones de autoritarismo por parte de sus oponentes. En Washington D.C., más de 2.200 efectivos de la Guardia Nacional ya patrullan las calles, una medida que llevó al fiscal general local a demandar a Trump, acusándolo de violar la Constitución al enviar tropas sin el consentimiento de las autoridades de la capital. La administración defiende la acción argumentando una disminución de la criminalidad. Sin embargo, la controversia se ha extendido con las amenazas de Trump de replicar la medida en otras ciudades.
El presidente describió a Chicago como “un lugar muy peligroso” y un “agujero infernal”, afirmando que podría “resolver el problema muy rápidamente” con fuerzas federales.
Estas amenazas se producen en un contexto de rumores sobre inminentes redadas de ICE en la ciudad, lo que ha puesto en alerta a la comunidad inmigrante y a las autoridades locales. El gobernador de Illinois ya anticipó que un eventual envío de tropas federales podría derivar en una batalla judicial, mientras que el alcalde de Baltimore, otra ciudad señalada por Trump, rechazó la idea, asegurando: “No necesitamos una ocupación”.
En resumenEl uso y la amenaza de despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump en importantes ciudades estadounidenses representan una escalada significativa en la intervención federal en asuntos locales. Esta táctica ha provocado una fuerte resistencia política y legal, abriendo un debate sobre los límites del poder presidencial y el riesgo de militarización de la seguridad ciudadana.