El gobierno de Donald Trump ha endurecido su política de mano dura contra la inmigración, ejecutando redadas masivas en lugares de trabajo y terminando programas de protección humanitaria. Estas acciones han generado temor en las comunidades migrantes y han sido respaldadas por decisiones de la Corte Suprema que amplían las facultades de las agencias federales. Una de las operaciones más significativas fue la redada en una planta de baterías de Hyundai en construcción en Georgia, donde fueron detenidos 475 trabajadores, en su mayoría surcoreanos y latinoamericanos, en lo que se considera la mayor redada en un solo sitio en la historia de la administración. Paralelamente, la administración anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 250.000 venezolanos, instándolos a la “autodeportación” y argumentando que el programa actuaba como un “imán” para la migración irregular.
Este endurecimiento se ve reforzado por el ámbito judicial.
La Corte Suprema levantó una suspensión que impedía a la policía de inmigración (ICE) detener a personas en Los Ángeles basándose únicamente en factores como el idioma o la apariencia étnica, lo que el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó como un “desfile de terror racial”. Además, el gobierno ha anunciado planes para enviar agentes a “ciudades santuario” como Chicago y Boston, y ha reforzado físicamente la frontera con México con más alambre de navajas y un segundo muro en tramos de Nuevo México, medidas que activistas califican de “inhumanas” y “crueles”.
En resumenLa política migratoria de Trump se caracteriza por una aplicación rigurosa y a gran escala de la ley, eliminando estatus de protección y utilizando redadas masivas como herramienta principal. Estas medidas, respaldadas por fallos judiciales clave, han creado un clima de incertidumbre y miedo entre las comunidades de inmigrantes en todo el país.