Este programa humanitario permitía a los ciudadanos de países con condiciones inseguras, como la crisis en Venezuela, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La terminación del beneficio fue duramente criticada por organizaciones de defensa de migrantes, que advirtieron sobre la grave situación humanitaria y política que impide un retorno seguro a Venezuela. No obstante, la implementación de la medida fue detenida por el juez de distrito Edward Chen en San Francisco. El magistrado falló en contra del gobierno, determinando que la secretaria Noem excedió su autoridad legal y que su decisión fue "arbitraria y caprichosa".

Este fallo judicial representa un alivio inmediato para cientos de miles de venezolanos, quienes por ahora mantienen su derecho a permanecer y trabajar en el país.

La disputa legal evidencia el choque entre la política migratoria de mano dura de la administración y las protecciones legales que buscan amparar a poblaciones vulnerables.