La agresiva política comercial del presidente Donald Trump, centrada en la imposición de aranceles globales, enfrenta una encrucijada legal y económica. Mientras un tribunal de apelaciones ha declarado ilegales gran parte de sus gravámenes, la administración ha escalado el caso a la Corte Suprema y ha amenazado con nuevas medidas comerciales contra la Unión Europea. Un tribunal de apelaciones federal determinó que Trump excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles de forma generalizada, una facultad que la Constitución asigna al Congreso. Aunque el fallo fue suspendido temporalmente, si se confirma, podría obligar a Estados Unidos a reembolsar decenas de miles de millones de dólares a importadores.
La administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema una "decisión acelerada" para ratificar la legalidad de sus aranceles, argumentando que su eliminación "debilitaría unilateralmente a Estados Unidos". Por otro lado, la tensión comercial con Europa ha escalado después de que la Comisión Europea impusiera una multa récord de casi 3.500 millones de dólares a Google por prácticas monopólicas.
En respuesta, Trump amenazó con iniciar una investigación comercial bajo la Sección 301 para "anular las sanciones injustas" contra empresas tecnológicas estadounidenses.
En una publicación en su red social, el presidente afirmó: "¡Es muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo tolerará!". Esta doble ofensiva, legal en el ámbito doméstico y de amenaza en el internacional, subraya la centralidad de la política arancelaria en la agenda de Trump, quien la defiende como una herramienta indispensable para proteger la industria nacional y renegociar acuerdos comerciales a favor de Estados Unidos.
En resumenLa política de aranceles de Trump se encuentra en un punto crítico, desafiada por los tribunales nacionales que cuestionan su legalidad y por las disputas comerciales con socios clave como la Unión Europea. El futuro de una de las principales herramientas económicas de su presidencia depende ahora de una decisión de la Corte Suprema y de la capacidad de su gobierno para gestionar las crecientes tensiones comerciales.