Esta medida ha sido denunciada por autoridades locales como un acto de militarización inconstitucional y una extralimitación del poder ejecutivo. La administración Trump ha señalado a Chicago como un objetivo prioritario, describiéndola como "un lugar muy peligroso" y amenazando con una intervención directa para "resolver el problema muy rápidamente". El presidente negó que la selección de ciudades opositoras fuera intencional, pero el plan ha sido interpretado como un ataque político. La iniciativa sigue el precedente establecido en Washington D.C., donde el despliegue de más de 2.200 efectivos de la Guardia Nacional sin el consentimiento local llevó al fiscal general de la capital a demandar a la Casa Blanca por violación de la Constitución. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha manifestado una fuerte oposición, asegurando que Chicago "no quiere tropas de la Guardia Nacional" y anticipando una batalla judicial si el despliegue se materializa. Críticos y expertos legales, como Alex Crowther del Centro de Análisis de la Política Europea, sostienen que Trump "no tiene ningún soporte legal" para militarizar una ciudad sin la solicitud o aprobación de las autoridades estatales. A pesar de la resistencia, la Casa Blanca defiende la medida, argumentando que la presencia federal ha disminuido la criminalidad en Washington y sugiriendo que Baltimore podría ser el próximo destino de las tropas. La controversia ha generado un clima de tensión y protestas en las ciudades afectadas, donde líderes comunitarios y religiosos han llamado a resistir lo que consideran un avance del autoritarismo.