Mientras amenaza con represalias comerciales a la Unión Europea, su administración lucha en la Corte Suprema para defender la legalidad de sus aranceles globales, que un tribunal de apelaciones ha declarado ilegales. La tensión transatlántica se agudizó después de que la Comisión Europea impusiera una multa récord de casi 3.500 millones de dólares a Google por prácticas monopólicas.

En respuesta, Trump amenazó con iniciar una investigación comercial bajo la “Sección 301” para anular lo que calificó como “sanciones injustas” y “discriminatorias” contra empresas tecnológicas estadounidenses.

“¡Es muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo tolerará!”, escribió el mandatario en Truth Social.

Paralelamente, la Casa Blanca enfrenta una batalla legal interna de gran magnitud. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los aranceles globales impuestos por Trump, amparados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, exceden la autoridad presidencial. La administración ha apelado esta decisión ante la Corte Suprema, solicitando un procedimiento acelerado.

Las consecuencias de un fallo adverso son significativas: Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar decenas de miles de millones de dólares a los importadores.

El propio Trump ha advertido sobre las graves consecuencias económicas, afirmando: “Si no ganamos ese caso, nuestro país va a sufrir muchísimo”. El resultado de este litigio no solo definirá el futuro de la política comercial de Trump, sino que también sentará un precedente sobre el equilibrio de poder entre el ejecutivo y el legislativo en materia arancelaria.