La situación escaló a nivel internacional cuando el gobierno de Corea del Sur confirmó que más de 300 de los detenidos eran ciudadanos surcoreanos. El ministro de Asuntos Exteriores de Seúl, Cho Hyun, expresó que su gobierno estaba “profundamente preocupado y siente una gran responsabilidad por este asunto”.

Imágenes difundidas por las autoridades estadounidenses mostraban a los trabajadores esposados y con cadenas en los tobillos, lo que generó indignación en Corea del Sur.

Tras rápidas negociaciones diplomáticas, el gobierno surcoreano anunció que había pactado con Estados Unidos la liberación y el regreso de sus ciudadanos. El presidente Trump defendió la acción, declarando que “el ICE solo estaba haciendo su trabajo”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enmarcó la redada como parte de una “investigación penal sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y graves delitos federales”. Este evento, junto con otras redadas simultáneas en lugares como una fábrica en Nueva York, evidencia el endurecimiento de la política migratoria y su impacto no solo en las comunidades locales, sino también en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos.