Los once fallecidos fueron identificados por la Casa Blanca como “narcoterroristas” pertenecientes a la banda criminal Tren de Aragua, designada por EE.

UU. como organización terrorista.

Trump difundió un video del ataque en su red social Truth Social, mostrando el momento en que la embarcación es destruida por un misil. Esta acción marca un cambio drástico en la estrategia estadounidense, que tradicionalmente utilizaba operaciones de interdicción policial en lugar de fuerza militar letal, amparándose ahora en leyes antiterroristas posteriores al 11 de septiembre.

La reacción del régimen venezolano fue inmediata y contundente.

El presidente Gustavo Petro de Colombia y la ONU también expresaron su preocupación. Petro calificó el hecho como un “asesinato en cualquier parte del mundo”, mientras que la portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, recalcó que el combate al narcotráfico no puede justificar ejecuciones extrajudiciales. En contraste, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, defendió la veracidad del operativo, afirmando: “Definitivamente no es inteligencia artificial.

Lo vi en vivo”.

La acción ha sido interpretada por analistas como una peligrosa expansión del uso de la fuerza militar sin un aval internacional claro, lo que podría aumentar la inestabilidad en la región.