para controlar manifestaciones, una acción que fue declarada estado de emergencia y que culminó en una demanda por parte de la alcaldesa de la ciudad. Este uso de la fuerza federal en la capital ha sido rechazado por jurados de acusación y ha sentado un precedente para acciones similares en otras ciudades. La decisión de Trump de movilizar tropas en la capital federal fue justificada como una medida necesaria para mantener el orden. Sin embargo, la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, presentó una demanda contra el presidente, argumentando que el despliegue se realizó sin su autorización y era inconstitucional. La controversia no solo se ha librado en el ámbito político, sino también en el judicial. En un hecho significativo, los miembros de los jurados de acusación de la ciudad se han negado, en al menos siete casos recientes, a imputar a personas que se vieron envueltas en lo que los artículos describen como la “demostración de fuerza del presidente”. Esta resistencia por parte de los jurados locales sugiere un rechazo a la severidad del enfoque federal y una validación de las preocupaciones sobre un posible exceso de autoridad.

La situación en Washington ha sido citada por el propio Trump como un modelo a seguir para otras ciudades con gobiernos demócratas, como Chicago, a las que también ha amenazado con enviar fuerzas federales para combatir el crimen.