Sin embargo, la decisión fue bloqueada temporalmente por un juez federal, quien consideró que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal. La administración justificó la terminación del programa, que beneficiaba a entre 250.000 y 600.000 venezolanos, argumentando que el TPS actúa como un “claro efecto imán” que impulsa la migración irregular y socava los esfuerzos por asegurar la frontera sur. La medida instaba a los afectados a “autodeportarse”.

La decisión provocó una demanda que fue resuelta provisionalmente por el juez de distrito Edward Chen en San Francisco. En su fallo, Chen determinó que las acciones de la secretaria Noem para revocar las extensiones del TPS fueron “arbitrarias y caprichosas” y excedieron su autoridad.

Esta decisión judicial supone un “alivio inmediato” para los beneficiarios, permitiéndoles mantener su derecho a permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras el caso continúa.

La controversia se desarrolla en el contexto de la grave crisis humanitaria, política y económica en Venezuela, que ha provocado una de las mayores crisis migratorias del mundo, un factor que, según los defensores del TPS, hace inseguro el retorno de estas personas a su país de origen.