El gobierno venezolano ha calificado la oferta como “patética y ridícula”, argumentando que responde a intereses políticos.

La propuesta del senador Scott, denominada ley “Stop Maduro”, sugiere financiar el incremento con activos incautados al régimen venezolano, para no afectar a los contribuyentes estadounidenses.

Esta acción se suma al despliegue militar en el Caribe y a las sanciones económicas, consolidando una estrategia multifacética para aislar y presionar al gobierno de Caracas.