Estas acciones han sido declaradas ilegales por tribunales y han sido calificadas como un abuso de poder por gobernadores demócratas.

Amparándose en la necesidad de combatir el crimen organizado y controlar la inmigración, la administración Trump ha intensificado el uso de fuerzas federales en centros urbanos gobernados por la oposición. Tras un despliegue inicial en Washington D.C., el presidente anunció planes similares para Chicago y amenazó con intervenir en Baltimore.

Sin embargo, esta estrategia ha encontrado una fuerte resistencia legal y política.

La ciudad de Washington D.C.

presentó una demanda para declarar inconstitucional el despliegue.

De manera más contundente, un juez federal de Estados Unidos declaró ilegal el uso de la Guardia Nacional en Los Ángeles, prohibiendo su uso en California al considerar que viola la Ley Posse Comitatus, que limita el poder del gobierno federal para utilizar personal militar en tareas de aplicación de la ley nacional. En Chicago, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva para prohibir la colaboración de la policía local con personal militar y explorar vías legales para contrarrestar la medida.

El gobernador de Illinois, J.B.

Pritzker, se sumó a las críticas, afirmando que “no queremos tropas en las calles de las ciudades estadounidenses.

Eso es antiamericano”.

A pesar de la oposición, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que se agregarán más recursos a las operaciones en curso.