La jueza ordenó que los niños permanezcan en Estados Unidos mientras se define su situación legal. La situación se tornó más urgente cuando se informó que algunos de los menores ya habían sido trasladados a una aeronave en Harlingen, Texas, para ser deportados, lo que llevó a la jueza a exigir una explicación sobre su paradero. Este plan de deportación masiva fue suspendido temporalmente, lo que representa un revés para las políticas migratorias de la administración. En respuesta, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró que su gobierno está preparado para recibir a los niños, afirmando: “Recibiremos a todos los niños no acompañados que puedan regresar por orden judicial o de manera voluntaria”. Sin embargo, Arévalo enfatizó que la decisión sobre “el número y ritmo” de las deportaciones corresponde al gobierno estadounidense. La intervención judicial pone de relieve el conflicto entre las políticas de control fronterizo de la administración Trump y las obligaciones legales de Estados Unidos de garantizar el derecho a solicitar asilo, especialmente para menores vulnerables.