Pero no tenemos otra opción”.

Este anuncio es controvertido, ya que Washington D.C.

abolió la pena capital en 2023, uniéndose a otros 23 estados que no la aplican. Para implementar la medida, los casos tendrían que ser procesados bajo la jurisdicción federal. La propuesta se enmarca en la intervención federal en la seguridad de la ciudad, que comenzó el 11 de agosto, cuando Trump ordenó el despliegue de unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y agentes de agencias como el FBI y la DEA. Según la fiscal general, Pam Bondi, esta operación ha resultado en 1.094 arrestos y la incautación de 115 armas ilegales.

Sin embargo, activistas han denunciado que esta ofensiva contra el crimen está siendo utilizada para detener a migrantes indocumentados.