“Vamos a entrar”, afirmó el presidente, insinuando que podría tomar acciones similares en otras ciudades como Baltimore.

Este anuncio se enmarca en una estrategia más amplia de la administración para reforzar las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las principales urbes del país, lo que ha sido interpretado por líderes locales como una “invasión” militar. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazaron categóricamente el plan. Pritzker aseguró que “Chicago no quiere tropas de la Guardia Nacional” y calificó la medida de “antiamericana”, mientras que Johnson firmó una orden ejecutiva para explorar vías legales que contrarresten el despliegue y prohibir la colaboración de la policía local con personal militar. Expertos legales han cuestionado la base jurídica de la orden de Trump, señalando que carece de fundamento legal sin el consentimiento del estado. El precedente más cercano fue el despliegue de agentes federales y la Guardia Nacional en Washington D.C.

y Los Ángeles, acciones que también generaron controversia.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida, afirmando que el gobierno federal evalúa cada ciudad para determinar qué se debe hacer para que sea “más segura y próspera”.