La normativa, que estará abierta a comentarios públicos durante 30 días, obligaría a los afectados a solicitar extensiones si desean permanecer más tiempo del estipulado, añadiendo una carga administrativa y una mayor incertidumbre a sus planes.

Esta iniciativa ha generado rechazo en universidades y organizaciones educativas, que advierten sobre un posible impacto negativo en la investigación, la economía y la atracción de talento internacional.