La operación, justificada por Washington como una misión para combatir el narcotráfico, ha sido interpretada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y ha elevado la tensión geopolítica.

Según los informes, la flota incluye al menos ocho buques de guerra, entre ellos destructores con misiles guiados como el USS Sampson, un crucero, buques anfibios y un submarino de propulsión nuclear, con un contingente de más de 4.500 efectivos, incluyendo 2.200 marines. El presidente Nicolás Maduro denunció la presencia militar como “la más grande amenaza que se haya visto en el continente en los últimos cien años”, asegurando que 1.200 misiles apuntan hacia Venezuela. En respuesta, Maduro anunció la movilización de milicias y advirtió que su país se declararía “en armas” ante una agresión. Por su parte, el presidente Donald Trump se refirió al despliegue como una “posición estratégica” en la lucha contra los carteles. La Casa Blanca sostiene que la operación es parte de una estrategia de máxima presión contra el régimen de Maduro, al que acusa de liderar el “Cartel de los Soles” y de estar vinculado al narcotráfico. Expertos y analistas debaten sobre las verdaderas intenciones de Washington, sugiriendo que, si bien el despliegue es insuficiente para una invasión a gran escala, funciona como una poderosa herramienta de presión diplomática y disuasión, en un formato de “diplomacia de buque de guerra”.