“No tenemos otra opción”, insistió.

La propuesta enfrenta un obstáculo legal significativo, ya que Washington D.C.

abolió la pena capital en 2023, sumándose a otros veintitrés estados donde no se aplica.

Para llevar a cabo su plan, los casos tendrían que ser procesados bajo la jurisdicción federal. El anuncio se produce después de que el 11 de agosto, Trump tomara el control de la seguridad de la capital, amparándose en una ley que permite la intervención federal en caso de “emergencia”. Desde entonces, se han desplegado unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y agentes de agencias como el FBI y la DEA. Según la fiscal general, Pam Bondi, estos operativos han resultado en 1.094 arrestos y la incautación de 115 armas ilegales.

Activistas han denunciado que esta “guerra contra el crimen” está siendo utilizada para detener a migrantes indocumentados.