La política de “expulsión inmediata” ha sido una de las herramientas centrales de la estrategia migratoria de Trump, pero este dictamen judicial cuestiona la expansión de dicha política a menores no acompañados, un grupo considerado especialmente vulnerable. La jueza no cuestionó la constitucionalidad de la política original, sino su aplicación en este caso específico, subrayando que el gobierno debe garantizar un debido proceso. Este bloqueo judicial se suma a una serie de enfrentamientos entre la administración y el poder judicial en materia de inmigración, y pone de relieve las tensiones legales y humanitarias en la frontera sur de Estados Unidos.