“No sé si estamos preparados para esto en este país.

Pero no tenemos otra opción”, añadió, insistiendo en que es una respuesta necesaria a lo que considera una criminalidad desbordada.

La propuesta se enmarca en la reciente intervención federal en la seguridad de la ciudad. El pasado 11 de agosto, Trump asumió el control de la seguridad de Washington D.C., amparándose en una ley que permite la intervención federal en caso de “emergencia”. Este operativo incluye el despliegue de unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, además de agentes del FBI, la DEA e ICE. Según la fiscal general, Pam Bondi, desde el inicio de la operación se han arrestado a 1.094 personas y requisado 115 armas ilegales.

Críticos y activistas señalan que, a pesar de los altos niveles de delitos, las cifras se mantienen en su punto más bajo de los últimos 30 años. Para aplicar la pena de muerte en Washington D.C., los casos tendrían que ser procesados bajo la jurisdicción federal, lo que abre un complejo debate legal y de derechos humanos que divide a la sociedad estadounidense.