La medida también contempla consecuencias migratorias para los no ciudadanos. La orden ejecutiva dirige a la fiscal general, Pam Bondi, a "priorizar la aplicación, en la máxima medida posible, de las leyes penales y civiles de nuestra Nación contra los actos de profanación de la bandera". Trump enmarcó el acto como "una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación" y mencionó explícitamente una sanción: "Quemas una bandera, un año de cárcel". Esta directiva desafía directamente el fallo de la Corte Suprema de 1989 en el caso *Texas vs. Johnson*, que afirmó que la quema de la bandera es un discurso protegido por la Primera Enmienda. Aunque no existe un delito federal específico por la quema de banderas, la orden sugiere utilizar cargos relacionados como "perturbación del orden público". Además, la medida apunta específicamente a los no ciudadanos, instruyendo a los funcionarios a considerar la revocación de visas, residencia u otros beneficios migratorios, e incluso la deportación, para quienes participen en estos actos. Esta acción es vista como parte de una ofensiva cultural y política más amplia, apelando a una base que considera inaceptable la quema de la bandera.