Se contempla un máximo de cuatro años para estudiantes y de 240 días para periodistas.

Esto obligaría a muchas personas a solicitar extensiones, lo que añadiría complejidad e incertidumbre a su estadía.

La medida ha generado una considerable preocupación entre universidades y asociaciones educativas, que argumentan que podría disuadir a talentos internacionales de venir a Estados Unidos, impactando negativamente la investigación y la economía del país. La administración justifica la propuesta como una medida para mejorar la seguridad nacional y reducir el número de personas que permanecen en el país después de que sus visas expiran, continuando así con un patrón más amplio de restricción de las vías de inmigración legal bajo la presidencia de Trump.