El operativo, previsto para iniciar alrededor del 5 de septiembre, será coordinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con preparativos que incluyen el envío de vehículos blindados y un aumento de agentes federales. Un alto funcionario de Seguridad Nacional justificó la acción afirmando que se busca arrestar a "lo peor de lo peor, incluyendo pandilleros, asesinos, pedófilos y violadores".

El modelo se basa en una operación en Los Ángeles que, según el gobierno, resultó en 5.000 arrestos desde junio. En respuesta, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva prohibiendo la colaboración de la policía local con personal militar federal. El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, criticó duramente el plan, acusando a Trump de intentar "militarizar nuestras ciudades" y de no haber notificado oficialmente a las autoridades estatales o locales. La posible utilización de tropas federales para la aplicación de leyes domésticas fuera de Washington D.C.

ha suscitado preocupaciones legales sobre la Ley Posse Comitatus, que restringe dicho uso del ejército.

Esta acción representa una escalada significativa en la estrategia de la administración Trump contra las ciudades con políticas de santuario.