Pero no tenemos otra opción".

Este anuncio es una pieza central de su reciente ofensiva contra el crimen en la capital, que inició el 11 de agosto al asumir el control federal de la seguridad de la ciudad por 30 días, argumentando una "emergencia" por la alta criminalidad. La operación incluye el despliegue de unos 2.000 miembros de la Guardia Nacional y agentes federales del FBI, la DEA y el ICE. Mientras la administración reporta más de mil arrestos, activistas denuncian que la iniciativa se está utilizando para detener a migrantes indocumentados. La propuesta de reinstaurar la pena de muerte en el distrito, que la abolió en 2023, requeriría que los casos sean procesados bajo la jurisdicción federal, lo que representa un desafío legal y político significativo que se espera enfrente una fuerte oposición.