El futuro del fallo es incierto, dado que el máximo tribunal cuenta con una mayoría conservadora, incluyendo tres jueces nombrados por el propio Trump.

Este caso pone a prueba la "doctrina de las cuestiones importantes", que limita la capacidad de los presidentes para implementar políticas radicales sin una autorización clara del Congreso, y podría sentar un precedente clave sobre la separación de poderes en materia económica.