El mandatario advirtió: “Quemas una bandera, un año de cárcel”, aunque dicha sanción no figura explícitamente en el decreto.

Esta medida choca directamente con un fallo de la Corte Suprema de 1989 (Texas vs. Johnson) que protege la quema de la bandera como una forma de expresión política amparada por la Primera Enmienda. La orden también contempla la deportación de no ciudadanos que participen en estos actos. La segunda orden ejecutiva apunta al sistema de fianza sin efectivo de Washington D.C., vigente desde 1992, y amenaza con suspender o cancelar fondos federales si la ciudad no modifica su política.

Trump ha calificado este sistema como un “desastre” que fomenta la reincidencia delictiva.

Ambas órdenes se firmaron en un evento donde el presidente también sugirió que a los estadounidenses podría gustarles tener un “dictador”, aunque luego matizó sus comentarios.