El DHS anunció la propuesta en el Registro Federal, argumentando la necesidad de un mayor control y supervisión. Sin embargo, la medida ha sido recibida con preocupación por parte de universidades y asociaciones educativas, que advierten sobre un posible impacto negativo en la capacidad de atraer talento internacional, así como en la investigación y la economía estadounidense. Esta propuesta se enmarca en una serie de acciones de la administración Trump para restringir tanto la inmigración ilegal como la legal, modificando normativas que han estado vigentes durante años.