La propuesta ha generado una considerable controversia, principalmente porque Washington D.C.

abolió la pena de muerte hace décadas. Para poder aplicarla, los casos de homicidio tendrían que ser tramitados bajo la jurisdicción federal, un movimiento que sortearía la legislación local. Expertos en derechos humanos han advertido que la medida podría entrar en conflicto con tratados internacionales y reavivar un debate que divide profundamente a la sociedad estadounidense. A pesar de reconocer que no está seguro si el país está "preparado para ello", Trump insistió en que "no tenemos otra opción" para reducir la criminalidad en la capital.