La Casa Blanca ha afirmado estar preparada para "usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas" en su país. Esta presión militar se complementa con medidas judiciales y financieras, como el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por la captura de Maduro. En respuesta, el gobierno venezolano ha calificado el despliegue como una "amenaza estrafalaria" y un intento de cambio de régimen. Maduro ordenó la movilización de 4,5 millones de milicianos y advirtió que "ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela".

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que una agresión no solo sería contra su país, sino contra toda Latinoamérica.

La situación ha polarizado a la región, con países como Trinidad y Tobago respaldando la acción estadounidense, mientras que aliados de Venezuela como China han expresado su rechazo al uso de la fuerza.