El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones contra los magistrados Mame Mandiaye Niang (Senegal), Nazhat Shameem Khan (Fiji), Nicolas Guillou (Francia) y Kimberly Prost (Canadá). Rubio afirmó que estos individuos “colaboraron de manera directa con los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes sin contar con el permiso de ninguna de las dos naciones”.

Estas acciones se suman a sanciones previas aplicadas contra otros cuatro jueces en junio y contra el fiscal Karim Khan en febrero, elevando a ocho el número de funcionarios del tribunal perseguidos por Washington.

La Casa Blanca ha calificado a la CPI como una “amenaza para la seguridad nacional” y un instrumento de “guerra jurídica” contra Estados Unidos y sus aliados. La Corte Penal Internacional ha deplorado las sanciones, acusando a Estados Unidos de intentar socavar la justicia internacional. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos también lamentó la situación y urgió a la comunidad internacional a defender la independencia del tribunal. La decisión de sancionar a juristas de países aliados como Francia y Canadá evidencia la determinación de la administración Trump de proteger a sus ciudadanos y a los de Israel de la jurisdicción de la CPI, profundizando el aislamiento de Washington en materia de derecho internacional.