Trump endurece los requisitos para la ciudadanía con un nuevo criterio de “buen carácter moral”

El gobierno de Donald Trump ha implementado una nueva directiva que endurece los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense, exigiendo a los solicitantes demostrar un “buen carácter moral” a través de una evaluación más subjetiva y amplia. Esta política, que va más allá de la simple revisión de antecedentes penales, ha sido criticada por introducir un alto grado de discrecionalidad en el proceso de naturalización. Publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la nueva normativa exige una “evaluación holística” que considera “atributos positivos” como la participación comunitaria, el empleo estable, el cumplimiento fiscal y una residencia legal prolongada. Al mismo tiempo, amplía el escrutinio a conductas que, aunque no sean delictivas, son consideradas socialmente inapropiadas, como infracciones de tránsito frecuentes o mendicidad agresiva.

Además, las autoridades migratorias analizarán las opiniones expresadas por los solicitantes, incluso en redes sociales, para detectar sentimientos “antiestadounidenses” o la promoción de “ideologías antisemitas”.

Un portavoz de USCIS declaró que “la ciudadanía estadounidense es el estándar de oro” y “solo debería ofrecerse a lo mejor de lo mejor del mundo”. La administración argumenta que la medida busca “restaurar la integridad” del sistema migratorio.

Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes y académicos han advertido que el uso de criterios tan subjetivos podría generar decisiones arbitrarias y discriminatorias.

El académico Gabriel Chin señaló que, bajo este nuevo umbral, muchos ciudadanos nacidos en Estados Unidos no podrían obtener la ciudadanía si tuvieran que pasar por el mismo proceso.

Esta política se enmarca en un conjunto más amplio de medidas de la administración Trump para restringir la inmigración legal.

En resumen

La nueva política de “buen carácter moral” de la administración Trump transforma el proceso de naturalización en una evaluación subjetiva del comportamiento y las opiniones de los solicitantes. Al exigir evidencia de contribuciones positivas y sancionar conductas no delictivas, la medida otorga un poder discrecional sin precedentes a los oficiales de inmigración, generando preocupación por posibles abusos y decisiones arbitrarias que podrían dificultar el acceso a la ciudadanía.

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