EE. UU. expande su política de deportación a terceros países, incluyendo a Honduras y Uganda

La administración Trump ha ampliado su controvertida política de deportación, persuadiendo a naciones como Honduras y Uganda para que acepten recibir a inmigrantes de otras nacionalidades expulsados de Estados Unidos. Esta estrategia, que busca externalizar la gestión migratoria, ha sido revelada a través de documentos internos y marca un endurecimiento de las políticas de control fronterizo. Según informes de CBS News basados en documentos gubernamentales, Estados Unidos ha establecido acuerdos con al menos una docena de países para que actúen como receptores de deportados que no son sus propios ciudadanos. Uganda, por ejemplo, ha aceptado recibir a personas de otros países africanos, siempre que no tengan antecedentes penales. Por su parte, el gobierno de Honduras ha acordado acoger a un número limitado de deportados de otros países hispanohablantes, incluyendo familias con niños.

La administración Trump también ha solicitado a naciones como España y Ecuador que se sumen a esta política.

Esta expansión se produce después de que la Corte Suprema diera vía libre en julio para reanudar los vuelos de deportación a terceros países, una victoria clave para las políticas de mano dura del presidente. Un alto funcionario del Departamento de Estado justificó la medida afirmando que están haciendo “todo lo posible para apoyar la política del presidente de mantener América a salvo expulsando a los inmigrantes ilegales”. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado expulsiones exprés a países como El Salvador y Sudán, y esta nueva fase de la estrategia busca consolidar un sistema global de gestión de deportaciones bajo el liderazgo de Washington.

En resumen

La política de deportar inmigrantes a terceros países, ahora expandida a naciones como Honduras y Uganda, representa una nueva fase en la estrategia migratoria de la administración Trump. Al buscar que otros gobiernos acojan a los expulsados, Estados Unidos externaliza sus responsabilidades migratorias, una medida que, aunque legalmente respaldada, genera profundas preocupaciones sobre los derechos humanos y el futuro de las personas deportadas.

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