Estas medidas reflejan una agenda de ley y orden que apunta a revertir políticas progresistas en varias jurisdicciones del país. Dos de las órdenes ejecutivas están dirigidas contra las políticas de fianza sin efectivo, un sistema que permite a los acusados salir de prisión sin depositar dinero, basándose en una evaluación de su riesgo de fuga.

La primera orden se enfoca específicamente en Washington D.C., instruyendo a la administración a tomar medidas, como la retención de fondos federales, si la ciudad no modifica su política. La segunda tiene alcance nacional y exige identificar fondos que podrían ser suspendidos en jurisdicciones con sistemas similares. Trump ha calificado este esquema como un “desastre”, mientras que defensores sostienen que evita la criminalización de la pobreza. La fiscal Jeanine Pirro declaró en Fox News que la fianza sin efectivo “fue el origen de todos los problemas”. La tercera orden ejecutiva instruye a la fiscal general Pam Bondi a “procesar enérgicamente” a quienes profanen la bandera estadounidense y a litigar para “aclarar el alcance de la Primera Enmienda”. La medida también contempla la revocación de visas y la expulsión de no ciudadanos que participen en estos actos. Sin embargo, esta orden enfrenta un desafío legal significativo, ya que la Corte Suprema dictaminó en 1989 que la quema de banderas está protegida por la libertad de expresión.