Esta política exige a los solicitantes no solo carecer de antecedentes penales, sino también demostrar activamente contribuciones positivas a la sociedad y evitar conductas consideradas “antiestadounidenses”. La nueva normativa, publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), establece una “evaluación holística” del carácter de los aspirantes. Los oficiales de inmigración ahora deben considerar si una persona demuestra “atributos positivos” como participación comunitaria, empleo estable, cumplimiento fiscal y una residencia legal prolongada.

Al mismo tiempo, el escrutinio se amplía para incluir conductas que, aunque no sean ilegales, podrían ser vistas negativamente, como infracciones de tránsito frecuentes o mendicidad agresiva.

Un portavoz de USCIS, Matthew J. Tragesser, declaró que “la ciudadanía estadounidense es el estándar de oro” y “solo debería ofrecerse a lo mejor de lo mejor del mundo”. Además, las nuevas directrices instruyen a los oficiales a investigar las opiniones de los solicitantes, incluso en redes sociales, en busca de lo que el gobierno considera “ideologías antiestadounidenses” o “antisemitas”. Críticos y defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que el uso de criterios tan amplios y subjetivos podría generar decisiones arbitrarias y discrecionales, introduciendo una mayor opacidad en un proceso que ya es complejo.