La administración de Donald Trump ha impuesto una nueva ronda de sanciones contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), intensificando su postura de confrontación con el tribunal de La Haya. La medida ha sido justificada por Washington como una respuesta a lo que considera intentos de la CPI de procesar a ciudadanos estadounidenses e israelíes sin su consentimiento. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones contra cuatro integrantes adicionales de la CPI, provenientes de Senegal, Fiji, Francia y Canadá. En un comunicado, Rubio afirmó que estos individuos “colaboraron de manera directa con los intentos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes”.
Estas acciones se suman a las sanciones previamente impuestas en junio y febrero contra otros jueces y el fiscal Karim Khan.
La administración Trump acusa a la CPI de “politización, abuso de poder, desprecio a su soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo”. Las investigaciones de la CPI que han provocado la ira de Washington incluyen presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, que podrían implicar a personal estadounidense, y las acciones de Israel en Gaza. La propia CPI ha deplorado las sanciones, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha lamentado la situación, instando a los países a defender la integridad de la Corte y la justicia internacional.
En resumenLa imposición de sanciones por parte de la administración Trump a miembros de la Corte Penal Internacional marca una escalada en su conflicto con el tribunal. La medida, dirigida a obstaculizar investigaciones sobre personal de EE. UU. e Israel, ha sido condenada por la CPI y la ONU como un ataque a la justicia internacional.