En una intervención estatal sin precedentes en más de una década, el gobierno de Estados Unidos ha adquirido una participación del 10% en la empresa Intel. La medida forma parte de una estrategia de la administración Trump para fortalecer la producción nacional de microchips y asegurar la soberanía tecnológica frente a la competencia global, especialmente de China. El acuerdo, confirmado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, implica una inversión de 8.900 millones de dólares en acciones de la compañía, convirtiendo al gobierno en el tercer mayor accionista de Intel, solo por detrás de los gigantes de inversión BlackRock y Vanguard. La negociación se cerró tras una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan.
Según Trump, él mismo propuso la alianza: "Le dije: 'Creo que sería bueno tener a Estados Unidos como su socio'.
Y él estuvo de acuerdo".
La inversión se enmarca en la Ley CHIPS, que busca incentivar la fabricación de semiconductores en territorio estadounidense. Intel es el único fabricante del país capaz de producir chips avanzados en sus propias instalaciones.
La decisión llega en un momento difícil para la empresa, que ha perdido terreno frente a competidores como Nvidia y AMD y ha reportado pérdidas significativas, planeando un recorte de personal del 25%. Esta operación subraya el enfoque de la administración en la política industrial como una herramienta de seguridad nacional, priorizando sectores estratégicos para reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras.
En resumenLa compra de una participación del 10% en Intel por parte del gobierno de EE. UU. es una clara señal de la política industrial de la administración Trump, enfocada en garantizar la seguridad nacional a través del control de la producción de tecnologías críticas. Este movimiento estratégico busca revitalizar la capacidad de fabricación de chips en el país y competir directamente con China en el ámbito tecnológico.