La medida busca obstaculizar las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por fuerzas israelíes en Gaza.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones contra jueces y fiscales de la CPI, incluyendo a juristas de países aliados como Francia, Canadá, Senegal y Fiji. En un comunicado, Rubio declaró que estas personas "colaboraron de manera directa con los intentos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes sin contar con el permiso de ninguna de las dos naciones". El gobierno estadounidense acusa a la CPI de estar politizada, de abuso de poder y de representar una amenaza para la soberanía de Estados Unidos y sus aliados.

Estas acciones se suman a sanciones previas impuestas en junio y febrero contra otros jueces y el fiscal del tribunal, Karim Khan.

La medida ha sido deplorada por la propia CPI y por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, quienes instan a la comunidad internacional a defender la independencia de la corte. La política de la administración Trump refleja una postura de rechazo a la jurisdicción de tribunales internacionales sobre ciudadanos estadounidenses, priorizando la soberanía nacional por encima de los mecanismos de justicia global.