Esta acción busca obstaculizar las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses e israelíes en Afganistán y Gaza.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones contra los jueces y fiscales Mame Mandiaye Niang (Senegal), Nazhat Shameem Khan (Fiji), Nicolas Guillou (Francia) y Kimberly Prost (Canadá). En un comunicado, Rubio afirmó que “estos individuos son extranjeros que colaboraron de manera directa con los intentos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes sin contar con el permiso de ninguna de las dos naciones”. Esta es la tercera ronda de sanciones contra personal de la CPI, después de las aplicadas en junio y febrero. La administración estadounidense justifica su actuar argumentando que la CPI está politizada, representa una amenaza para la soberanía de EE.
UU. y sus aliados, y ejerce un “exceso judicial ilegítimo”.
La medida ha sido deplorada por la propia CPI y por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, quienes la consideran un intento de socavar la justicia internacional y han urgido a los países a defender la independencia de la Corte.