Estas sanciones se suman a las aplicadas previamente en junio y febrero contra otros jueces y el fiscal Karim Khan.

El secretario Rubio justificó la decisión afirmando que estos individuos “colaboraron de manera directa con los intentos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes sin contar con el permiso de ninguna de las dos naciones”. Según Washington, la CPI actúa con “politización, abuso de poder, desprecio a su soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo”, representando una amenaza para EE.

UU. y sus aliados.

La CPI, por su parte, manifestó su “enérgico rechazo” a las medidas, deplorando las presiones del gobierno de Trump en medio de las investigaciones en curso. Esta política de sanciones refleja la postura de larga data de Estados Unidos de no reconocer la jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos, una posición que la administración Trump ha defendido con acciones punitivas directas contra el personal del tribunal.