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Gobierno de Trump impone sanciones a miembros de la Corte Penal Internacional (CPI)

La administración Trump ha intensificado su confrontación con la Corte Penal Internacional (CPI), imponiendo una nueva ronda de sanciones contra jueces y fiscales del tribunal de La Haya. La medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, responde a las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán y Gaza que podrían involucrar a ciudadanos estadounidenses e israelíes. En una acción contundente, Estados Unidos sancionó a cuatro integrantes adicionales de la CPI: Mame Mandiaye Niang de Senegal, Nazhat Shameem Khan de Fiji, Nicolas Guillou de Francia y Kimberly Prost de Canadá.

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Estas sanciones se suman a las aplicadas previamente en junio y febrero contra otros jueces y el fiscal Karim Khan.

El secretario Rubio justificó la decisión afirmando que estos individuos “colaboraron de manera directa con los intentos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes sin contar con el permiso de ninguna de las dos naciones”. Según Washington, la CPI actúa con “politización, abuso de poder, desprecio a su soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo”, representando una amenaza para EE.

UU. y sus aliados.

La CPI, por su parte, manifestó su “enérgico rechazo” a las medidas, deplorando las presiones del gobierno de Trump en medio de las investigaciones en curso. Esta política de sanciones refleja la postura de larga data de Estados Unidos de no reconocer la jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos, una posición que la administración Trump ha defendido con acciones punitivas directas contra el personal del tribunal.

ai briefingEn resumen
La imposición de sanciones por parte de la administración Trump a jueces y fiscales de la CPI marca una escalada significativa en su política de rechazo a la jurisdicción del tribunal internacional. La medida busca obstaculizar las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra que involucran a personal estadounidense e israelí, reafirmando la defensa de la soberanía nacional por encima del derecho internacional.

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