La administración del presidente Donald Trump ordenó un significativo despliegue militar naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, como parte de una estrategia declarada para combatir a los carteles del narcotráfico. Esta acción ha elevado drásticamente las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro y ha generado preocupación por la estabilidad en la región. El operativo, descrito como el más grande en Latinoamérica desde la invasión a Panamá en 1989, incluye tres destructores equipados con misiles guiados —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson—, un submarino nuclear, aviones de vigilancia P-8 Poseidon y entre 4.000 y 4.500 infantes de marina.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, afirmó que Trump está preparado para “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas. La medida se enmarca en la designación por parte de Washington de organizaciones como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como grupos terroristas, acusando a Maduro de liderar el primero. En paralelo, el gobierno estadounidense duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario venezolano.
Analistas como el profesor David Mendieta interpretan el despliegue no como una “inminente toma militar, sino como una amenaza directa” para presionar a Maduro.
La respuesta de Caracas fue inmediata: Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos para defender la soberanía del país. La medida estadounidense también provocó el rechazo de otros países de la región; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra del “intervencionismo”, mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió sobre el riesgo de convertir a Venezuela en “otra Siria”.
En resumenEl despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, justificado como una operación antinarcóticos, constituye la acción de presión más contundente de la administración Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. Esta demostración de fuerza ha provocado una respuesta militarista de Venezuela y ha generado una condena diplomática regional por el riesgo de desestabilización.